ASADAS del país exigen la aprobación de la Ley de Aguas

El pasado miércoles 17 de agosto, representantes de diferentes ASADAS (organizaciones que administran acueductos comunales) de todo el país, se dieron cita en la Asamblea Legislativa para exigir a los y las diputadas la aprobación en segundo debate del expediente 17.742, Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

Ante la propuestas de las cámaras agroindustriales de incluir modificaciones sustanciales al proyecto que fue presentado a través de la iniciativa popular, los movimientos sociales alzaron la voz y dejaron ver que dichas propuestas afectan el proyecto que ley que busca la regulación de las fuentes de agua a favor de la población y no de las empresas, y el reconocimiento del acceso al agua como un derecho humano.

Las cámaras proponen cambios como la inclusión del Ministerio de Agricultura (MAG) como rector del recurso hídrico y la eliminación de los Consejos de Unidad Hidrológica -mecanismo de participación de diversos sectores propuestos por la ley- y encargar algunas de sus funciones a las ASADAS.

En este mismo sentido, los grupos industriales proponen la modificación de 16 puntos del proyecto por su fondo, así como una gran cantidad de cambios menores, lo que en la práctica constituye un texto sustitutivo que desvirtuaría completamente el propuesto por iniciativa popular y lo hace inconexo.

El proyecto de ley 17.742 se discutirá en la Asamblea Legislativa el próximo 25 de agosto. Para esta fecha, los representantes sociales solicitaron a la ciudadanía movilizarse hasta el primer poder de la República para presionar a los y las legisladoras.

Una nueva Ley de Aguas

Esta propuesta que nace del consenso social contempla:

● El reconocimiento del acceso al agua y saneamiento como un derecho humano.

● El establecimiento del agua como un bien de dominio público con reglas claras en cuanto al aprovechamiento en sus diferentes usos.

● El establecimiento de una rectoría clara, creando espacios y mecanismos efectivos para la coordinación interinstitucional, con la participación de los distintos actores sociales y económicos y la creación de una serie de instrumentos para la planificación hídrica y el ordenamiento del territorio en función del concepto de cuenca hidrológica.

● El establecimiento de que los servicios de agua potable y saneamiento sólo podrán estar en manos de entes públicos y sin fines de lucro.

● El fortalecimiento de los instrumentos para la valoración económica del agua, con lo cual se garantiza que el Estado cuente con recursos para tutelarla y protegerla.

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