Mapa digital evidenciará los conflictos ambientales del país

La alianza público privada fortalece la transparencia de los datos que se ofrecen.
El proyecto beneficiará a comunidades que enfrenten escenarios de injustica ambiental en sus territorios.

El proyecto Justicia Ambiental Accesible: Mapa Costarricense de Conflictividad Socio-Ambiental impulsado por la Fundación Neotrópica, el Tribunal Ambiental Administrativo y el Ministerio de Ambiente y Energía, es una de las doce iniciativas seleccionadas por la Fundación para las Américas de la Organización de Estados Americanos (OEA), en su convocatoria de Proyectos de Gobierno Abierto, iniciativa que busca promover la colaboración entre la sociedad civil y el Gobierno para mejorar la transparencia y el Gobierno Abierto en Costa Rica.

Lo que vivimos. Según el Informe del Estado de la Nación un conflicto socio-ambiental es la divergencia conflictiva de intereses que se origina en la presión por el uso de recursos naturales escasos y vulnerables, en un contexto de competencias dispersas y en el hecho de que las instancias formales no canalizan todas las preocupaciones ambientales, por lo que a menudo los problemas se resuelven fuera del marco institucional o en el nivel judicial.

Varios de esos conflictos son totalmente desconocidos para una buena parte de la población, sin embargo, se destacan en el Atlas Mundial de Justicia Ambiental, proyecto desarrollado por la Universidad de Barcelona y alimentado por diversas organizaciones sociales a nivel mundial para visibilizar los desequilibrios sociales y económicos del planeta.

El mapa costarricense. A pesar de que Costa Rica se encuentra dentro del Atlas Mundial gracias a la gestión de la Fundación Neotrópica, dicha información no es accesible para todos ya que se encuentra en inglés. Hoy el país no se cuenta con un insumo de este tipo, que promueva la justicia ambiental y favorezca un espacio colaborativo y de articulación en el ámbito de conflictividad ambiental. Justicia Ambiental Accesible: Mapa Costarricense de Conflictividad Socio-Ambiental es una herramienta que desea contribuir a la justicia ambiental en Costa Rica mediante el desarrollo de un mapa digital accesible y de gestión colaborativa.

La plataforma ubica y describe los conflictos en las diferentes zonas del país y estará disponible en internet para consulta y uso público. Entre sus componentes se incluye un apartado específico sobre las “acciones y medidas de gobierno” en cada uno de los casos descritos, gracias a la colaboración del Tribunal Ambiental Administrativo.

La primera etapa del proyecto consiste en traducir y actualizar la información disponible en el Atlas Mundial de Justicia Ambiental sobre los conflictos de Costa Rica para, posteriormente, visibilizar nuevos casos. El proyecto de Gobierno Abierto es importante porque busca hacer accesible la información que se está generando a nivel mundial sobre los conflictos ambientales, una información que sea más comprensible para grupos de base organizados que quieran informarse sobre los conflictos que están afectando los recursos de su región, anotó Bernardo Aguilar, director ejecutivo de la Fundación Neotrópica.

Todos aportamos. El mapa costarricense le permitirá a las organizaciones sociales, las comunidades y los ciudadanos participar y colaborar con el mapa brindando información sobre los conflictos locales por medio de un formulario. El gobierno también podrá hacer uso del instrumento para visibilizar sus acciones frente a las diferentes disputas en el territorio nacional.

La información será recibida por la Fundación Neotrópica que dará seguimiento y administrará el mapa. Otro elemento importante es la caja de herramientas sobre derechos ambientales, es decir, una guía de recursos para la resolución de conflictos socio-ambientales en el país que fue desarrollada por Fundación Neotrópica y que incluye legislación ambiental costarricense, una clasificación de los diferentes tipos de conflictos, así como las instancias y procedimientos a los cuales recurrir ante la presencia de un conflicto socio-ambiental.

El proyecto dará inicio en el mes de agosto y será presentado al país en Noviembre.

Antecedentes. Frente al aumento de la conflictividad socio-ambiental en nuestro país, la tecnología se presenta como una oportunidad para promover la justicia medioambiental mediante el fortalecimiento del acceso a la información relacionada con los conflictos. A lo largo de la historia, el acceso y el control de los recursos naturales han sido fuente de creación de riquezas y de disputas.

El modelo económico expansivo multiplica los impactos ambientales sobre las comunidades y los ecosistemas estratégicos, incrementando la exclusión del uso y disfrute de los recursos naturales y a su vez, intensificando los conflictos e injusticias que afectan, en mayor medida, a los sectores de la población que se encuentran en situaciones de mayor desventaja y cuya subsistencia depende, principalmente, de los recursos naturales.

Estos conflictos socio-ambientales cobran cada vez más fuerza en Costa Rica. El malestar de algunos sectores de la población ha aumentado principalmente ante casos de explotación indiscriminada de recursos como el agua, los minerales y los bosques.

El Informe del Estado de la Nación ha reconocido que desde el año 2005 la importancia de los conflictos socio-ambientales en el país y su atención se han intensificado frente a la respuesta social a proyectos de desarrollo y actividades como los mega-desarrollos turísticos, la minería a cielo abierto o la actividad petrolera.

También ha identificado un aumento en este tipo de conflicto a partir de su informe del 2013, en el cual dedica un reporte completo al ordenamiento territorial y la conflictividad en Áreas Silvestres Protegidas (ASP). En ellas, se identifica una tipología de conflictos socio-ambientales recurrentes como la delimitación de las áreas protegidas, el traslape entre áreas protegidas y territorios indígenas o los asentamientos del Instituto de Desarrollo Rural, los conflictos por la ocupación y tenencia de la tierra en áreas silvestres protegidas, por la titulación y/o concesión en humedales y manglares, conflictos por el precio de la tierra en las ASP, conflictos en las áreas marinas protegidas y otros.

Este diagnóstico demuestra la importancia de comprender y gestionar este fenómeno socioecológico para poder enfrentar los retos que imponen las aspiraciones costarricenses de alcanzar un desarrollo sostenible.

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