En defensa del SINAC

En un artículo anterior presentamos nuestras objeciones a la fundamentación del proyecto 19.937 que se encuentra en la Comisión de Ambiente en la Asamblea Legislativa. Quizás en respuesta a las objeciones que se han planteado desde diversos frentes, se ha presentado un texto sustitutivo en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, los cambios del texto parten de la misma justificación errónea, carente del respaldo técnico que determinó la evolución histórica de un sistema segregado entre un Sistema de Parques Nacionales, una Dirección Forestal y una Dirección de Vida Silvestre a uno integrado y participativo en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación.

Se mantienen en el texto sustitutivo los problemas del texto original buscando revivir el viejo sistema segregado. Así, desde su artículo 1, que plantea su competencia sobre algunos de los modelos manejados hoy por el SINAC: Parques Nacionales, Reservas Biológicas, Reservas Nacionales Absolutas y Monumentos Nacionales, el proyecto reproduce en todo su articulado la intención de segregar el sistema.

Propone así un sistema para un manejo desagregado de los paisajes, desfinanciando los demás modelos de área silvestre protegida: las zonas protectoras, reservas forestales, refugios de vida silvestre. Con ello le resta competencias fundamentales al sistema participativo del SINAC. Su idea de concentrar los recursos generados por esos modelos y quitar la competencia de su manejo de ese mismo sistema participativo representa una apropiación vertical e incongruente con las necesidades del sistema.

Las áreas silvestres protegidas con mayores necesidades son aquellas en las que precisamente se da la mayor interacción con las comunidades. Desintegrarlas y desfinanciarlas implica su muerte fáctica y la muerte del SINAC. Ello haría que, desde la perspectiva de los principios precautorio y de desarrollo sostenible democrático, reafirmados categórica y repetidamente por la Sala Constitucional, el proyecto sea regresivo e inconstitucional.

Asimismo, se mantienen en los artículos 1 y 2, 5, 17, siguientes y concordantes, importantes problemas jurídicos en las atribuciones de competencias. No se define con claridad las relaciones entre el SINAC y este nuevo sistema. Incluso se le da la posibilidad encubierta de modificar la regionalización (art. 2, inciso 7 promoviendo lo que llama ecorregiones) del manejo de las áreas silvestres protegidas que ha establecido SINAC, producto de su experiencia. También se le establecen competencias de negociación de los servicios ambientales producidos por los Parques Nacionales y sus zonas de amortiguamiento, lo cual implica un traslape de competencias no sólo con SINAC sino con otras entidades del Ministerio del Ambiente.

Al director de este sistema se le da una “patente de corso” mediante un poder generalísimo y un sinnúmero de competencias que rozan la legalidad. Entre otras se encuentra la promoción de contratos, permisos y concesiones de servicios no esenciales y convenios en general, y definir cuáles serán los servicios no esenciales que se puedan concesionar. Asimismo, en la supervisión de la elaboración de planes maestros, planes de interpretación y planes operativos anuales para cada parque nacional, se introduce toda una nueva legalidad difusa respecto a los instrumentos de manejo y monitoreo que altera los modelos establecidos hoy día por SINAC (art. 5).

Se mantienen en este texto del proyecto los problemas jurídicos con la conceptualización de la desconcentración y los niveles de competencias. En específico habla de un nivel de desconcentración mínima para este nuevo ente (Art. 1), dándole personalidad jurídica instrumental para el manejo presupuestario, correspondiéndole la administración, protección, planificación, manejo y desarrollo de la mitad de los modelos de áreas silvestres protegidas con una serie de competencias exclusivas y discrecionales que debe compaginar con otro ente de desconcentración máxima (SINAC). ¿Qué sentido tienen esas disonancias, esa verticalización y esa apropiación de la administración del patrimonio de todas y todos los costarricenses en un proyecto que busca supuestamente eliminar burocracia y hacer más eficiente el manejo de las áreas silvestres protegidas?

El proyecto empeora el problema original que se planteaba con el Consejo de Parques Nacionales (Art. 7 y ss.). Aún viola los principios de participación que se derivan del Artículo 50 de la Constitución, la Ley de Biodiversidad, el principio ecosistémico de la Convención de Diversidad Biológica y el principio 10 de la Convención de Rio. En la versión anterior lo hacía estableciendo una composición antojadiza, rompiendo las facultades de participación abierta y organización de acuerdo con las características de cada bioregión, y quitándole a la representación de los diferentes sectores de la sociedad (expresados en los Consejos Regionales de Área de Conservación-CORAC) la capacidad de decisión en asuntos fiscales y de dirección.

El texto original era, en ese sentido, regresivo e inconstitucional atentando contra el principio de desarrollo sostenible democrático. Ahora se le trata de disimular. Se plantea como órgano asesor. Se encubre la participación de SITRAMINAE en la promoción de este proyecto mediante el sofisma “Un representante sindical del Ministerio de Ambiente y Energía” (inciso 8), y no se provee ninguna racionalidad en su exposición de motivos o en el texto para la selección de participantes que entran a sustituir la abierta y democrática estructura de los CORAC que establece la Ley de Biodiversidad. Su regresividad queda así expuesta en dos niveles. O de veras se trata de una estructura verticalizada controlada totalmente por el Ministro y el Director discrecionalmente nombrado, o de un disfraz para que este ente asesor sea un protagonista escondido, en tanto el Director, de acuerdo con las atribuciones del art. 5 inciso 5 debe cumplir con las recomendaciones de este Consejo de Parques.

Concepción errónea. Los problemas estructurales que hemos planteado hasta aquí deberían ser suficientes para demostrar que este es un proyecto que parte de una concepción estructural errónea, atenta contra la constitucionalidad y los logros ambientales y sociales que ha traído el SINAC para Costa Rica. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar, aunque sea brevemente, los problemas en los aspectos financieros que plantea el proyecto. Planteamos que la forma en que se establece el manejo del fideicomiso en los arts. 9 y ss. del proyecto atenta contra la seguridad jurídica y el manejo adecuado de los fondos públicos, creando comités discrecionales (no tenemos idea de la composición) de manejo del fondo. Igualmente se concentra su administración en el director del servicio y establece proporciones legales de sus destinos no justificadas adecuadamente en sus antecedentes. Asimismo, los art. 13 y ss. dan una latitud inusual al ente que se quiere crear, de disponer del patrimonio de los costarricenses mediante obligaciones jurídicas de diversas naturalezas (créditos, alianzas público-privadas, etc.), dándosele incluso la posibilidad de dar en garantía, por medio de su Fideicomiso de Parques Nacionales, los ingresos generados por los parques nacionales por diferentes conceptos, o los ingresos que obtenga por canjes de deuda por naturaleza, venta de bonos de carbono u otros mecanismos similares.

En cuanto a la disposición de los bienes de todas y todos los costarricenses, preocupa entre otros, el artículo 20 del texto nuevo. Mantiene la artimaña jurídica del proyecto original, pone este articulado, dentro de un capítulo que supuestamente beneficia a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, la capacidad del Servicio de Parques Nacionales para dar en arrendamiento la infraestructura existente en los parques nacionales, que sea requerida para que concesionarios o permisionarios ofrezcan servicios y actividades no esenciales para los visitantes, una vez más, bajo la responsabilidad de funcionarios de nombramiento político/discrecional y un consejo “asesor” de dudosa naturaleza.

Para presentar nuestras objeciones en extenso, hemos solicitado formalmente a la Comisión de Ambiente una audiencia. No se nos ha respondido si se nos va a conceder o no. Llamamos una vez más a la sociedad costarricense y a todas las organizaciones que creen en el sistema de gobernanza participativo del SINAC a unirse en oposición de esta iniciativa legislativa y a un verdadero fortalecimiento del sistema visionario que tiene el país.

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